La adopción igualitaria

Publicado el 2015-12-23 » 1816 Views» Por Alejandro Díaz » Derechos Humanos, Género, Igualdad

Pancartas que se exhibían durante la primera marcha por la adopción homoparental en Chile. Movilh Chile vía Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Pancartas que se exhibían durante la primera marcha por la adopción homoparental en Chile. Movilh Chile vía Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

La situación de los derechos humanos de los colectivos de la diversidad sexual o población LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Travestis, Transgéneros e Intersexuales) es compleja. En el caso de la adopción igualitaria, apenas 16 países y tres jurisdicciones o estados reconocen este derecho en el mundo.

En América Latina, destaca la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, reconociendo que las personas que viven en sociedades de convivencia (entre personas del mismo sexo o heterosexuales), tienen los mismos derechos que quienes viven en matrimonio o concubinato, incluido el derecho a adoptar. Asimismo, en Colombia, la Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó (seis votos a favor y dos en contra), la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo.

La discusión sobre la adopción igualitaria, parte del problema de la conformación plural de las sociedades contemporáneas. Éstas, en cuanto se caracterizan por los profundos desacuerdos respecto al alcance y contenido de nuestros derechos. Pero el problema del reconocimiento del derecho a la adopción igualitaria también parte de la forma en que se ha entendido históricamente la función de la sexualidad.

A este respecto, la diferencia sexual y la diferencia entre homosexualidad y heterosexualidad son categorías identificadas a partir del siglo XIX. No es hasta el siglo XVII cuando la representación médica de la anatomía produce la diferencia sexual entre lo masculino y lo femenino. Del mismo modo que no es sino hasta finales del siglo XIX, cuando diversos estudios asociados a la ciencia médica fijaron por primera vez la distinción lingüística y conceptual entre homosexualidad y heterosexualidad[1].

La intención de esas nociones era sugerir la existencia de dos categorías en las que los seres humanos podrían identificarse sexualmente. Se adoptó como discurso la existencia de una relación estricta entre sexualidad y reproducción, utilizando tal cuestión como un instrumento biopolítico[2] en el que todas las prácticas sexuales que no tuvieran como fin la reproducción fueron consideradas como “patológicas”[3].

Lo anterior generó que un cúmulo de razones basadas exclusivamente en rasgos anatómicos y bioquímicos de las personas, fueran utilizadas para fijar identidades sexuales.

Esta idea se conecta con la forma en que el pensamiento social se basa sobre el esencialismo sexual, es decir, la idea en la cual, el sexo es una fuerza natural que existe con anterioridad a la vida social y que da forma a instituciones. El esencialismo sexual está profundamente arraigado en el saber popular de las sociedades occidentales, que consideran al sexo como algo eternamente inmutable, asocial y transhistórico[4].

En esta línea, figuras jurídicas como el matrimonio y la adopción han permanecido como instituciones predominantemente heterosexuales fruto del establecimiento normativo del binomio sexualidad-reproducción[5].

Permanece en las sociedades, una visión basada en la heteronormatividad, es decir, una manera en la cual muchas instituciones políticas, legales y sociales refuerzan ciertas creencias. Éstas incluyen la creencia de que los seres humanos caen en dos categorías binarias, distintas y complementarias: hombre y mujer. También que las relaciones sexuales y maritales son normales solo cuando son entre dos personas con sexos diferentes y que cada género tiene ciertos roles en la vida, así como la consideración de la heterosexualidad como única orientación sexual.

Las instituciones heteronormativas bloquean el acceso a la educación, participación legal, política y laboral de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género distintas a las del discurso dominante.

Por estas razones, los derechos humanos deben operar como límites y vínculos al derecho mismo y a las instituciones legales que erosionan el acceso a la igualdad sustancial y discriminan a los colectivos homosexuales y de la diversidad sexual.

La discriminación hacia estos grupos es un problema de carácter estructural caracterizado por profundos acuerdos culturales, históricos, políticos y sociales determinados. Sin embargo, es indudable que el derecho a no ser discriminado se desprende directamente de la naturaleza humana y es inseparable de la dignidad de la persona. Este principio, es uno de los elementos constitutivos de cualquier sociedad democrática.

El derecho a no ser discriminado, consagra la igualdad entre las personas e impone a los Estados ciertas prohibiciones. Las distinciones basadas en el género, la raza, la religión, la orientación sexual, etcétera, se encuentran específicamente prohibidas en lo referente al goce y ejercicio de los derechos sustantivos consagrados en los instrumentos internacionales.

En conexión al derecho a no ser discriminado por motivos de orientación sexual, el derecho de adopción igualitaria, se deriva del principio de igualdad. Este derecho tiene una íntima conexión con dos principios fundamentales, a saber, 1) el concepto de autonomía individual, y 2) el derecho a la protección de la familia (o a formar una familia).

En relación al primer elemento, el derecho de adopción forma parte de la más estricta elección personal. Esta libertad es inherente al concepto de autonomía individual[6], es la parte más irreductible de una persona. En este sentido, las parejas del mismo sexo no pueden ser privadas de ese derecho.

Dicha autonomía se encuentra íntimamente relacionada con el derecho que tiene cada persona de contar con un proyecto de vida, como una vertiente subjetiva de la libertad que permite el desarrollo integral de la persona. Ésta constituye la esfera ontológica del ser humano en la cual el Estado no puede intervenir, pues de lo contrario configuraría una intromisión indebida a la vida privada[7].

Respecto al segundo principio, el derecho de adopción, también se basa en el derecho a la protección de la familia. Las parejas homosexuales también conforman otros tipos de familia y, como tal, merecen la debida protección por parte del Estado, por lo que deben ser susceptibles del reconocimiento pleno de sus derechos[8].

Asimismo, el derecho a fundar una familia se interrelaciona con el interés superior de la niñez, en tanto la adopción también posee un contenido axiológico que protege el derecho de los niños a tener vínculos parentales consolidados, para su bienestar y desarrollo.

En suma, la orientación sexual no es un rasgo relevante para impedir el reconocimiento del derecho a adoptar para las parejas homosexuales. El entendernos como iguales debe significar un avance civilizatorio para las sociedades. En la medida en que esto sea posible, seremos capaces de articular una ética de mínimos que sirva como base del bien común.


[1] Con esto, me refiero a la primera ocasión que fue utilizada la palabra “homosexual”. Antes de dicha época no existe evidencia empírica que demuestre que se haya usado lingüísticamente en algún ámbito del conocimiento humano. La categoría psicológica, psiquiátrica, médica, de la homosexualidad se constituyó el día en que se le caracterizó en el artículo de Westphal sobre las “sensaciones sexuales contrarias” (1870). Cfr. Foucault, Michel. Historia de la sexualidad I: la voluntad del saber (traducción Ulises Guiñazú), México, Siglo XXI Editores, 2011, p. 28.

[2] Biopolítico se designa a la manera en que a partir del siglo XVIII se ha intentado agrupar y estudiar desde la práctica gubernamental, los fenómenos propios de un conjunto de seres vivos organizados desde la etiqueta de la población, es decir, salud, higiene, natalidad, sexualidad, morbilidad, longevidad, entre otras, como una forma de control a través de regulaciones (en este caso jurídicas). Cfr. Foucault, Michel. Defender la sociedad, (traducción Horacio Pons). Fondo de Cultura Económica. pp. 217 y 222; y Fuenmayor, Francisco. el concepto biopolítico de Michel Foucault, “A parte Rei Revista de Filosofía”, mayo 2010, p. 2.

[3] Preciado, Beatriz. ¿La muerte de la clínica?, Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Programa de Prácticas Críticas. Somateca 2013, Vivir y resistir en la condición neoliberal. Disponible en: http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=703

[4] Cfr. Rubin, Gayle. Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad, Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales, p. 13.

[5] Díaz, Alejandro. Igualdad disidente. Grupo Crónicas Revista, artículo del 12 de julio del 2014.

[6] Supreme Court of the United States, “Obergefell vs Hodges”, 26 de junio de 2015 p.3. párrafo 2. Disponible en: http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf

[7] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “La protección a la vida privada abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales”. Cfr. “Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) Vs Costa Rica”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2012 Serie C No. 257, párrafo 143.

[8] Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-577 de julio de 2011, relativa al matrimonio igualitario.

 

3 Responses to La adopción igualitaria

  1. patricia de sousa dice:

    Excelente post, es importante dar a conocer que la felicidad no conoce de género sexual, es una cuestión de dignificar la vida de millones de personas que desean tener una familia, y que lamentablemente la sociedad los juzga solo por miedo a lo distinto. espero que me permitan compartir con ustedes el siguiente post.

  2. La adopcion, debe ser igual para todos

  3. Excelente post, gracias por compartir, es necesario la igualdad para todos

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Sobre el Autor


Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales Universidad Michoacana de San Nicolás de Hildago (México). Especialista en Derecho Procesal, División de Estudios de Posgrado UMSNH. Master en Gobernanza y Derechos Humanos, Universidad Autónoma de Madrid, España. Columnista del "Grupo Crónicas Revista" (México).