“Operativos en la Puna Jujeña” ANSES vía Flickr (CC BY-SA 2.0)
*Artículo co-escrito por Ignacio Carballo y Diana Schvarztein
En un contexto social y económico que demanda rápidas intervenciones, lograr un trabajo coordinado por los distintos actores en pos de implementar iniciativas eficientes de inclusión financiera es una necesidad indispensable. Lejos de cualquier simplicidad, estas intervenciones requieren dos características para nada sencillas de proveer: escala y alcance. La primera refiere al hecho fáctico de que 2.000 millones de personas a nivel mundial aún no poseen una cuenta bancaria. En cuanto al factor de alcance, hace alusión a la existencia de fuertes asimetrías dentro de esta población no bancarizada, como brechas de género, edad y zona de residencia, tanto en el acceso como en el uso de los servicios financieros (véanse los datos del último informe del Banco Mundial global findex).
La triste radiografía actual nos lleva a confirmar que la articulación fluida de actores es una condición necesaria para avanzar con iniciativas certeras. En la apuesta por reunir y articular expertos en la temática provenientes de ámbitos nacionales, internacionales, públicos y privados, la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) ha sabido ocupar un lugar fundamental, transformándose en un importante referente en la materia. AFI es una red global actualmente compuesta por 124 instituciones formuladoras de políticas y regulaciones de 95 países en desarrollo y emergentes que trabajan en conjunto para impulsar medidas de inclusión financiera.
Las lecciones y aprendizajes que la reunión de esfuerzos materializada a través de AFI refleja para el sector son varias. A saber: la implementación de programas diseñados y basados en una mirada integral de la sociedad y la economía coordinados por un grupo de expertos provenientes de diferentes ámbitos; un mayor conocimiento de los limitantes y barreras para acceder a regiones y sectores tradicionalmente postergados de los servicios financieros; una mayor sostenibilidad de las intervenciones (dado que cuentan con el consenso y apoyo de diferentes entidades); y la optimización de recursos humanos y económicos.
Sin embargo, otras alianzas han sabido generar importantes resultados sin haber revestido de un carácter global y masivo como el de AFI. A modo de ejemplo reciente de trabajo coordinado en la región de América Latina, podemos mencionar aquel del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien se ha unido a una alianza organizada por las Naciones Unidas para crear sinergias con gobiernos, empresas y organizaciones locales en el esfuerzo por avanzar en innovaciones del tipo FinTech para la digitalización financiera.
Así, podemos destacar la línea Micropagos del Banco Santander en Uruguay, entidad que ha creado un ecosistema integrado por el mismo banco, operadores móviles y la empresa de transacciones de pagos móviles Micropagos para el desarrollo del ahorro rural. La red Tigo Money en Honduras que en alianza con bancos y cooperativas facilita el envío de remesas y pagos a través de telefonía celular en 160 municipios de baja o nula bancarización. La billetera móvil Viva Cash en Bolivia, que utilizando la red de la empresa telefónica de mayor distribución en el país Viva, en alianza con distintos bancos, brinda servicios a la población no bancarizada en medios urbanos y rurales. O bien, como reflejo de impacto, la alianza entre el FOMIN y la empresa de telecomunicaciones Tigo en Paraguay que ha permitido que más de un millón de ciudadanos utilicen sus teléfonos móviles para pagar servicios, realizar transferencias, acceder a dinero en efectivo y hacer depósitos de una manera eficiente y segura a través de una red de comerciantes de todo el país.
Los ejemplos citados exponen que las alianzas compuestas por diferentes actores (públicos y privados, locales e internacionales), y teniendo a la tecnología como aliado fundamental, marcan un importante diferencial al momento de lograr un mayor alcance y escala.
En resumen, capitalizar estas experiencias con el afán de identificar buenas prácticas tendientes a replicarse en distintas comunidades y sectores, así como el trabajo conjunto y de modo coordinado, es aún una asignatura pendiente en muchas economías del planeta. Consecuentemente, es imperativa la necesidad de promover una red de cooperación para el desarrollo sostenible e inclusivo bajo un modelo de gestión que incluya un frecuente diálogo y coordinación al interior de cada país. Como se ha expuesto, las nuevas tecnologías facilitan una inclusión financiera digital, la valiosa intervención de actores externos trabajando con líderes locales, los programas de educación financiera que llevan adelante los bancos y una política que acompañe el desarrollo del sector son factores imprescindibles que deben trabajar en alianza en las recientemente implementadas (o por implementar) estrategias nacionales de inclusión financiera.
*Diana Elizabeth Schvarztein es especialista en Inclusión Financiera. Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y magíster por la Universidad Autónoma de Madrid del International Master in Microfinance for Entrepreneurship (IMME). Realizó el curso de Experto en Microfinanzas (CEMF) por la Frankfurt School of Finance & Management, Alemania. Ha sido becada por el Banco Santander de España para estudiar un semestre la temática de Desarrollo económico en la Universidad Autónoma de Madrid. Se ha desempeñado como investigadora en proyectos de inclusión financiera en el Centro de investigación en Microfinanzas de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó para estudios de evaluación de impacto de programas de inclusión financiera en Guatemala e India. Forma parte del cuerpo docente del curso de Posgrado en Inclusión Financiera, Microfinanzas y Desarrollo de la UCA. Colabora en la formulación y coordinación de proyectos de desarrollo local y emprendimiento para diferentes Fundaciones y ONGs.
