“First Plenary Session of the General Assembly” OEA-OAS vía Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Hace un par de semanas, las redes sociales y los medios de comunicación se encendieron con una noticia: el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, le dio luz verde a un proceso que podría traducirse –en un caso extremo– en la suspensión de Venezuela de este organismo multilateral. Aunque es difícil que esto ocurra, sí es cierto que la aplicación de los mecanismos que se establecen en la Carta Democrática Interamericana podría impulsar las presiones hacia un país en el que la democracia ofrece su cara más desgastada. Y, además, permitiría darle más visibilidad internacional a la crisis profunda que sufre este pueblo.
Pero, ¿realmente cómo es el asunto? ¿Qué significa que se aplique la Carta Democrática a Venezuela? En primer lugar, hay que hacer una precisión de procedimientos. Almagro invocó el artículo 20 de la Carta Democrática, que señala que cualquier Estado Miembro o el propio Secretario General podrán solicitar una reunión del Consejo Permanente para evaluar la situación de un país en el que la democracia esté gravemente lesionada –el documento, que data de 2001, se refiere específicamente a una alteración del orden constitucional que afecte el orden democrático–. Ya esa fecha está fijada: el 23 de junio, las delegaciones de los 34 países que integran la OEA[1] se reunirán para discutir sobre la situación venezolana.
En ese encuentro, los Estados decidirán si consideran que, efectivamente, en Venezuela la democracia está rota. Si al menos 18 de ellos lo cree así, entonces se realizarán gestiones diplomáticas para que este país intente normalizar su institucionalidad. En caso de que eso falle, como lo dice la propia Carta Democrática, entonces se convocarán sesiones extraordinarias de la Asamblea General y se tomarán nuevas determinaciones –esencialmente, más trabajos diplomáticos–. Si todos estos esfuerzos fracasan, se podrá suspender al país de forma inmediata, tal como ocurrió en 2009 con Honduras, después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya.
De todos modos, analistas afirman que quizás esto no suceda. No sólo se ha mencionado el apoyo que podría recibir el Gobierno venezolano de parte de sus aliados tradicionales y de los países integrantes de Petrocaribe, sino también de otras opciones que, sin desmerecer la gravedad de la crisis, apuntan hacia una dirección menos contundente. Un artículo del abogado venezolano Mariano de Alba señala que, después de la declaración conjunta del Consejo Permanente, publicada el 1º de junio, es posible hacer una conjetura: los integrantes de la OEA estarán más inclinados a la promoción del diálogo, sin que sea necesaria la aplicación de la Carta Democrática. Esta idea fue defendida abiertamente por Argentina –pues, de acuerdo con el presidente Mauricio Macri, la imposición de los mecanismos de este instrumento no ayudará realmente a resolver la profunda crisis– y suscitó las críticas de la oposición venezolana.
Para De Alba, sin embargo, los mecanismos de la Carta Democrática no son muy distintos al diálogo que se impulsa desde la Unasur. “La diferencia está en que, con la declaración, el Consejo Permanente promueve el diálogo pero evita juzgar al gobierno de Nicolás Maduro, es decir, sin decidir si existe una alteración grave que afecta el orden democrático en Venezuela”, explica el especialista en su texto. Lo que quiere decir que los países quizás prefieran quedarse al margen de la polémica, sin enfrentarse de manera directa a un Gobierno que ha catalogado a la iniciativa de Almagro como un ejemplo de injerencia y abuso[2].
Una crisis real
Más allá de los dimes y diretes en el ámbito internacional, hay una cosa cierta: Venezuela se hunde poco a poco en una cotidianidad desesperanzadora. Almagro lo detalló muy bien en el informe de 132 páginas que presentó para solicitar la reunión del Consejo Permanente. Argumentó con firmeza las razones por las que en este país se evidencia una alteración del orden democrático.
En primer lugar, se debe considerar la definición de democracia que se establece en la Carta. No es sólo la posibilidad de participar en elecciones. El asunto va mucho más allá. La vida democrática también se debe basar en el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la separación de los poderes públicos, la transparencia y la buena gestión del Gobierno, entre otros elementos[3]. Tal como lo señala Almagro, debe haber un vínculo estrecho entre la ética y la política, algo que no existe en el Gobierno venezolano. “En Venezuela se perdió la finalidad de la política. Se olvidó defender el bien mayor y colectivo a largo plazo sobre el bien individual a corto plazo. Un gobernante debe basar su acción en una visión de Estado, una visión de largo plazo”, reza el documento.
Las consecuencias de esa dejadez se evidencian en la vida cotidiana de los venezolanos, cuyos sufrimientos son reseñados por Almagro. Por ejemplo, el gremio farmacéutico reportó hace unos meses que existe 80% de escasez de medicinas. Los medicamentos más básicos no se consiguen en hospitales ni farmacias, debido, en parte, a las fallas en la asignación de divisas, lo que impide desarrollar las importaciones con normalidad.
Algo parecido ocurre con los alimentos. A finales de 2015, organizaciones y consultoras señalaron que el porcentaje de escasez estaba entre 34,5% y 56%[4]. Más recientemente, en enero de 2016, la consultora Datanálisis registró un desabastecimiento de 82,8%, tal como lo cita Almagro en su informe. En la cotidianidad, esos porcentajes se traducen en largas colas para conseguir alimentos y productos básicos a precios regulados.
Quienes tienen la posibilidad, pagan grandes sumas a los “bachaqueros” –revendedores– para obtener los artículos escasos. Hace poco, además, el Gobierno creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que se encargan de distribuir alimentos, medicinas y otros productos en recorridos casa por casa. La intención, señaló Maduro, es combatir el contrabando y la reventa, pero, en el fondo, se trata de una nueva medida de control que tampoco soluciona la raíz del problema.
A la lista de padecimientos se agregan los racionamientos de electricidad –en algunas zonas del país llega a las 4 horas diarias o incluso más– y de agua, debido a los bajos niveles de la represa de Guri. El Gobierno lo ha atribuido al fenómeno de El Niño, pero, en realidad, es una muestra de la falta de planificación y respuesta. Y, en medio de la oscurana y el hambre, la inseguridad se alza como otra preocupación: de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2015 la tasa de homicidios se ubicó en 90 por cada 100.000 habitantes. Un informe del Instituto de Seguridad, Justicia y Paz, reseñado en la Plataforma de Pensamiento Crítico, indica que en 2015 Caracas ocupó el primer lugar en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, con una tasa de 119 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Entre otras cosas, Almagro también menciona la inconsistencia entre la democracia y la existencia de presos políticos. La ONG Foro Penal Venezolano apuntó recientemente que hay 82 personas en cautiverio por motivos políticos, además de miles de detenciones durante protestas contra el Gobierno. Y esa es apenas una muestra de la tensión que ha crecido en los últimos años. Por ejemplo, la Asamblea Nacional –que cuenta con mayoría opositora después de las elecciones de finales de 2015– afronta las presiones de los otros poderes públicos, que intentan poner freno a sus decisiones.
La madeja no podría estar completa sin mencionar el proceso del referéndum revocatorio, que actualmente impulsa la oposición. Recientemente, se recolectaron 1,85 millones de firmas, como un paso previo a la solicitud de activación del mecanismo. El Consejo Nacional Electoral sólo validó 1,3 millones de firmas, una medida considerada irregular, pues quedaron aproximadamente 600.000 por fuera. De todos modos, se consiguió un número 6 veces superior al necesario, por lo que el siguiente paso será validar las rúbricas, y luego recolectar 4 millones para que finalmente se convoque la elección. En todo caso, el Gobierno no cejará en su empeño por impedir que se realice este mismo año.
Todas estas cifras y explicaciones dan cuenta del daño que ha recibido la democracia, entendida en su concepto más amplio. La gente, que ve mermada su calidad de vida y posibilidades de futuro, vive bajo un estado de absoluta indefensión ante un Gobierno completamente arbitrario e injusto.
Más presión, más proyección
Evidentemente, una crisis de tales profundidades no podrá resolverse de la noche a la mañana. La aplicación de la Carta Democrática, de llegar a aprobarse, no serviría de mucho para devolver a los venezolanos lo que han perdido. Ya se ha visto que el Gobierno no quiere estar, ni de lejos, en la misma acera de la oposición. Las ansias de poder se imponen y parecen prevalecer a los intereses colectivos. No hay una disposición a ceder, a dialogar de forma sincera, a encontrar soluciones y escuchar.
De todos modos, la presión internacional puede tener un rol importante. Si se aplica la Carta Democrática, las vías diplomáticas quizás ayuden de una forma indirecta a cambiar un poco el camino torcido y a abrir puertas que parecían estar cerradas. En la práctica, en la vida diaria de la gente, quizás eso no tenga un impacto inmediato. Pero, poco a poco, podría allanarse la ruta para el cambio. Como sucede con buena parte de los organismos internacionales, las respuestas tal vez no sean tan efectivas y rápidas como muchos esperan, pero no por eso se debe dejar de intentar, de aprovechar lo que existe para repudiar la injusticia y las violaciones a los derechos humanos.
[1] Si bien en el año 2009 Cuba se reincorporó al organismo, no tiene derecho al voto en el Consejo Permanente.
[2] Como nota curiosa, en 2009, cuando se decidió la suspensión de Honduras de la OEA, Nicolás Maduro, en ese entonces canciller de Venezuela, consideró que la medida era “trascendental”. Señaló, además, la importancia de la presión internacional y de los organismos internacionales en el proceso de restitución de la democracia en ese país. Disponible en: http://www.el-nacional.com/politica/Vea-Maduro-Carta-Democratica-Honduras_0_857914510.html
[3] Así se establece en los artículo 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.
[4] De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, hubo una escasez de 34,5%; la consultora Ecoanalítica ubicó este porcentaje en 56% para ese mismo periodo.
