Nuevo parlamento venezolano: ¿el camino hacia el cambio?

Publicado el 2016-02-02 » 1145 Views» Por Ariana Guevara » América Latina, Democratización, Gobernanza

Una persona deposita su voto durante las últimas elecciones parlamentarias Globovisión vía Flickr (CC BY-NC 2.0)

Una persona deposita su voto durante las últimas elecciones parlamentarias Globovisión vía Flickr (CC BY-NC 2.0)

El 7 de diciembre de 2015 Venezuela amaneció con ánimos distintos: los que generalmente celebraban, ese día expresaban su decepción; en cambio, quienes ya estaban acostumbrados al sabor de la derrota, se sorprendían esperanzados con los resultados. Por primera vez en 17 años la oposición ganó un proceso nacional para cargos de elección popular (1). Con 65,27% del total de votos, la opositora Mesa de la Unidad Democrática logró 112 diputados en la Asamblea Nacional, mientras que el oficialismo consiguió 55 escaños con 32,93% de los sufragios (2).

Quienes apoyaron a la oposición no sólo celebraron la cantidad de votos, sino también el logro de la mayoría calificada de 2/3 en el parlamento. ¿Qué significa eso? Justo con los 112 diputados –de acuerdo con la Constitución Nacional– la Mesa de la Unidad Democrática tiene un poder más amplio para tomar decisiones. Por ejemplo, puede someter a referendo un acuerdo internacional que afecte la soberanía, hacer cambios en leyes orgánicas, remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia –siempre que se cumpla un procedimiento previo–, escoger a los integrantes del Poder Ciudadano y, entre otras cosas, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (3).

Ahora, como era de esperarse en un escenario como este, el Gobierno ha tratado de mover los hilos a su favor. Con tantos años labrando su dominio y con el control de los otros poderes públicos, los oficialistas ahora buscan cualquier resquicio para contrarrestar el golpe electoral. Por ejemplo, días después de las elecciones, el Partido Socialista Unido de Venezuela solicitó la impugnación de los resultados en tres estados del país, por considerar que hubo irregularidades. El Tribunal Supremo de Justicia aceptó los recursos y decidió que se suspendiera la proclamación de cuatro diputados del estado Amazonas –al sur de Venezuela–. Tres de ellos son de la oposición.

El 5 de enero de este año, día de la instalación del nuevo parlamento, el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Allup, aceptó la juramentación simbólica de estos representantes. Pero la Sala Electoral el TSJ acusó de desacato a la asamblea y amenazó con dejar sin efecto todas sus decisiones, una medida que muchos analistas consideraron sin asidero constitucional (4). De todos modos, para evitar inconvenientes, la Mesa de la Unidad Democrática decidió desincorporar a los tres diputados de la discordia. En ese caso, hay polémicas sobre los números: ¿la oposición mantiene su mayoría calificada, pese a que ya no cuenta con 112 diputados?

Algunos consideran que sí, pues el cálculo de los 2/3 ya no se debe hacer sobre la base de 167 diputados, sino sobre 163, que son los que realmente están presentes en las discusiones asamblearias (5). Mientras que otros arguyen que se pierde esa mayoría calificada, porque el total sigue siendo de 167 representantes (6). En todo caso, pese a las dudas aún no resueltas, algo es seguro: la oposición no perderá completamente su poder.

La Constitución Nacional señala que con una mayoría de 3/5 –es decir, 99 diputados–, se pueden adelantar medidas como estas: decidir el voto o moción de censura del vicepresidente y los ministros, que en algunos casos puede llevar a la destitución; elegir a los integrantes del Consejo Nacional Electoral o removerlos –en el último caso, siempre que se pronuncie el Tribunal Supremo de Justicia–, y sancionar leyes habilitantes, que le dan atribuciones especiales al Presidente (7). Y eso sin contar con las acciones que se pueden emprender con la mayoría simple, es decir, con la mitad más uno. Entre ellas, la declaración de incapacidad física o mental del Presidente de la República para ejercer su cargo, la autorización para enjuiciar al mandatario nacional, la aprobación de proyectos de reforma de la Constitución o la decisión de realizar referendos consultivos.

En este sentido, si bien la impugnación de los resultados puede traer algunos obstáculos para ciertas decisiones, en realidad no se pierde del todo la posibilidad de hacerle un contrapeso necesario al excesivo poder del Ejecutivo. De hecho, ya se han visto acciones concretas. Por ejemplo, el mismo día de la juramentación de la nueva asamblea, se ordenó el retiro de las imágenes gigantes del fallecido presidente Hugo Chávez, que se encontraban en todo el recinto de la institución (8). Aquí puede criticarse la manera en la que se expresó Ramos Allup sobre estas fotografías: dijo, con el estilo coloquial que lo caracteriza, que no quería ver esos afiches ahí, que los llevaran al Palacio de Miraflores o a la basura; eso hizo pensar en las revanchas y venganzas, innecesarias en estos momentos en los que debe prevalecer el diálogo y el respeto. Pero, ciertamente, es un paso adelante para lograr la recuperación de unas instituciones que se han debilitado por el partidismo y el culto a la personalidad.

En terrenos más amplios, se han conseguido otros logros. Ante la crisis económica que atraviesa el país –con una inflación de 108,7% entre enero y septiembre de 2015, y una contracción de la economía de 7,1% a finales del año pasado (9), además del grave desabastecimiento de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad–, el Gobierno propuso el 15 de enero un Decreto de Emergencia Económica. A grandes rasgos, se trataba de la petición de un estado de excepción por 60 días, para tomar medidas que frenaran la “guerra económica”, es decir, para contrarrestar las acciones de empresas privadas y otros actores que se consideran responsables por las desaceleraciones de la economía. Con ese instrumento, se podría disponer de recursos no ejecutados del presupuesto del año pasado, cambiar los procedimientos de importación y de control cambiario, y, entre otras cosas, disponer de bienes de compañías estatales y privadas para resolver problemas puntuales de abastecimiento (10).

Como lo indica el procedimiento, la Asamblea Nacional debía discutir el documento antes de que se llevara a la práctica. Una semana después de su presentación, el organismo rechazó la propuesta del Gobierno, con 107 votos de la oposición contra 53 del oficialismo (11). En contrapartida, la comisión que evaluó el decreto entregó un informe con 11 sugerencias para salir del atolladero económico. Propusieron, por ejemplo, que se agilizaran los procesos para darle títulos de propiedad a quienes poseen viviendas entregadas por el Gobierno, que se hiciera más eficiente la distribución de los productos que llegan al país, que se facilitaran los trámites de importación, que se estimularan las inversiones extranjeras y, entre otras cosas, que se evitara la impresión de dinero sin respaldo en las reservas internacionales (12).

Pese a las recomendaciones, el Gobierno insiste en su postura. Recientemente Maduro señaló que la decisión de la asamblea es inconstitucional y que tomará medidas legales que no ha precisado todavía (13). No es de extrañar la reacción si se consideran todos los empeños por obstaculizar la acción de los adversarios políticos: a todo lo que ya se ha descrito habría que sumar la conformación del Parlamento Comunal Nacional –una institución que actuaría de forma paralela a la asamblea, si bien no tiene respaldo constitucional–, o los intentos para sabotear la juramentación –se desconectaron los micrófonos de la sala, desmantelaron la televisora que transmite las sesiones, entre otras cosas (14)–. Mientras tanto, la oposición sigue su camino. Antes de cumplir el mes en funciones, ya han llamado a ministros para interpelarlos, aunque no han comparecido, y empezarán a estudiar los acuerdos internacionales suscritos por el Gobierno, además de discutir un proyecto de Ley de Amnistía que podrá beneficiar a los 76 presos políticos del país (15).

El choque de fuerzas, por supuesto, quizás le ponga freno a tales iniciativas, pero muchos ven en estos primeros pasos un camino incipiente hacia el cambio. ¿El reto? Que la oposición impulse los proyectos que sean necesarios para luchar contra la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la sensación de malestar, siempre con la mirada puesta en la gente. Que no se dejen llevar por el poder y cometan los errores que han criticado. Y que sepan aprovechar su posición privilegiada para motivar el diálogo y la reflexión, para abandonar la venganza y para comenzar la difícil senda del rescate de lo perdido.


Notas

(1) Hay que considerar que el Gobierno también perdió unas elecciones en el pasado, pero esa vez no se involucraban representantes populares. En 2007 los venezolanos rechazaron las propuestas gubernamentales en el referéndum consultivo para reformar la Constitución Nacional.

(2) El Mundo (2015, diciembre 8). La oposición logra finalmente la mayoría calificada con 112 diputados. Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/07/5665c684ca474180588b45b9.html

(3) García, C. (2015, febrero 26). ¿Qué puede hacer quien obtenga la mayoría en la Asamblea Nacional? Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/que-puede-hacer-quien-obtenga-la-mayoria-simple-o-calificada-en-la-asamblea-nacional-por-carlos-garcia-soto/

(4) Hernández, J. (2016, enero 11). La Sala Electoral declaró el desacato de la Asamblea Nacional. ¿Y ahora? Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/la-sala-electoral-declaro-el-desacato-de-la-asamblea-nacional-y-ahora-por-jose-ignacio-hernandez/

(5) Hernández, J. (2016, enero 11). La Sala Electoral declaró el desacato de la Asamblea Nacional. ¿Y ahora? Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/la-sala-electoral-declaro-el-desacato-de-la-asamblea-nacional-y-ahora-por-jose-ignacio-hernandez/

(6) Pardo, D. (2016, enero 13). ¿Sigue la oposición de Venezuela con supermayoría ahora que tiene 109 y no 112 diputados en la Asamblea Nacional? Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160113_venezuela_mayoria_oposicion_asamblea_dp.shtml

(7) García, C. (2015, febrero 26). ¿Qué puede hacer quien obtenga la mayoría en la Asamblea Nacional? Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/que-puede-hacer-quien-obtenga-la-mayoria-simple-o-calificada-en-la-asamblea-nacional-por-carlos-garcia-soto/

(8) Infobae (2016, enero 7). Fotos: así retiraron las gigantografías de Hugo Chávez de la Asamblea Nacional. Disponible en: http://www.infobae.com/2016/01/07/1781482-fotos-asi-retiraron-las-gigantografias-hugo-chavez-la-asamblea-nacional

(9) Panorama (2016, enero 15). BCV: inflación hasta septiembre de 2015 fue de 108,7%. Disponible en: http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/BCV-Inflacion-hasta-septiembre-de-2015-fue-de-1087-20160115-0048.html

(10) BBC Mundo (2016, enero 15). Qué significa el decreto de emergencia económica en Venezuela. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160115_venezuela_emergencia_economica_maduro_ab

(11) El Universal (2016, enero 22). AN rechazó Decreto de Emergencia Económica. Disponible en: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/160122/an-rechazo-decreto-de-emergencia-economica

(12) El Mundo (2016, enero 25). Las 11 sugerencias de la Asamblea Nacional para resolver la crisis económica. Disponible en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/parlamento/las-11-sugerencias-de-la-asamblea-nacional-para-re.aspx#ixzz3yL1VqWiI

(13) Al Día (2016, enero 27). Maduro tomará acciones legales contra la AN por rechazo de Decreto de Emergencia Económica. Disponible en: http://noticiaaldia.com/2016/01/maduro-tomara-acciones-constitucionales-y-legales-contra-la-an-por-rechazo-de-decreto-de-emergencia-economica-video/

(14) Von, F. (2016, enero 10). La historia detrás de las fotos. Disponible en: http://www.el-nacional.com/siete_dias/historia-detras-fotos_0_772122848.html#.VpJKRVK0xpk.twitter

(15) Cifra de la ONG Foro Penal Venezolano.

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Sobre el Autor


Periodista venezolana, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con más de ocho años de experiencia en medios impresos y digitales. Estudiante del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid, España.