Manifestación en Ecuador contra aprobación del nuevo código penal pato chavez vía Flickr
Las personas adultas, en pleno uso de sus capacidades, toman decisiones que afectan a su vida todos los días, desde cuestiones tan triviales como qué desayunar hasta en qué partido político delegar su confianza. Sin embargo, pese a grandes avances históricos, a la mujer se le prohíbe o restringe su capacidad de decisión sobre temas fundamentales como es, entre otros, su propio cuerpo.
La interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo un arma arrojadiza eficaz para confrontar a la sociedad y desviar el foco de atención. Como así ha sucedido en Ecuador donde, en el contexto de la reciente reforma del código penal, se hizo desaparecer el debate sobre la despenalización del aborto tras una cuestión de disciplina interna de partido. Hecho que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha lamentado a través de las conclusiones de su último informe mediante el cual se insta al gobierno ecuatoriano a despenalizar el aborto en los casos de violación, incesto y malformación fetal.
Ecuador ostenta el título de ser el país latinoamericano donde más abortos inseguros se practican; ya que su fuerte restricción penal empuja cada día a cientos de mujeres a buscar una solución que pone en riesgo sus vidas. Según datos de la OMS, cada cuatro minutos se produce un aborto, muchos de los cuales son fruto de una violación ya que un 25% de las ecuatorianas ha sufrido violencia sexual (en la mitad de los casos el agresor era su pareja o expareja) (1). En 2011, el aborto fue la primera causa de morbilidad femenina y el tercer motivo de ingreso hospitalario (INEC 2011).
Legislación del aborto en Ecuador
Actualmente sólo se permite la interrupción del embarazo en caso de riesgo para la vida o salud de la madre o en caso de violación de una mujer con discapacidad intelectual. Fuera de estas dos excepciones, el aborto se castiga con penas de privación de libertad de seis meses a dos años para las mujeres (Art. 150 COIP)
Durante los dos años de debate de la reforma del código penal, se introdujo una moción para despenalizar el aborto en todos los casos de violación y reducir así las alarmantes tasas de morbilidad y mortalidad materna (2) Sin embargo, en la recta final del proceso en 2013, por intervención del presidente del gobierno, Rafael Correa, no sólo se retiró la propuesta sino que además, descalificó y sancionó a tres diputadas de Alianza País por apoyar una propuesta en contra de la línea oficial del partido.
El fracaso de esta reforma conlleva múltiples consecuencias negativas. Por un lado, a nivel político supone un grave atentado contra el propio sistema democrático, tanto por la injerencia del poder ejecutivo en el legislativo como por la imposición de valores morales religiosos en un estado laico. También es cuestionable la calidad democrática del proceso en el que no se permitió un debate transparente y abierto ni en la asamblea ni dentro de uno de los componentes básicos del sistema, los partidos políticos. Por otro lado, supone perder una oportunidad para el desarrollo legislativo de los modernos preceptos constitucionales que prometen la promoción de la salud sexual y reproductiva (Art. 32) o “el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener” (Art. 66.10).
Por último, la negación de la despenalización parcial se traduce en la ignorancia consciente de un problema sangrante. De esta forma se continua penalizando doblemente a las mujeres violadas ya que no sólo son víctimas de una agresión sexual sino que además son “criminales” por buscar una solución que el Estado no les proporciona. Así los dos problemas íntimamente relacionados entre sí (violación y aborto inseguro), no sólo no se resuelven sino que tampoco se avanza hacia una posible solución.
Informe periódico de la CEDAW
Ecuador, que fue el primer país latinoamericano en ratificar la CEDAW en 1981, entregó el último informe periódico el pasado mes. Con la intención de contrastar los datos, también se le da la oportunidad a las organizaciones civiles de exponer sus datos y valoraciones a través del informe sombra o alternativo. Tras analizar ambos documentos, la CEDAW ha presentado sus conclusiones donde, a nivel general, subraya la falta de aplicación del convenio así como la ausencia de una estrategia de implementación.
Al Comité le preocupa, por un lado, la alta incidencia de violencia contra las mujeres y, en concreto, la violencia sexual; insta al gobierno a reactivar el Plan Nacional para la Erradicación de la violencia contra la Mujer (ahora inoperativo por la falta de presupuesto). Por otro lado, exhorta a despenalizar la regulación del aborto por violación, incesto y malformación fetal como vía para reducir las altas tasas de mortalidad materna. Asimismo, la ONU reclama un mayor esfuerzo en la prevención de embarazos adolescentes (3) a través de la educación sexual y el acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia.
Decidir sobre su cuerpo, decidir sobre su vida
El natural deseo de la mujer de decidir sobre su cuerpo y, por ende, sobre su vida, es tan fuerte que no lo frena ni el riesgo para su salud al exponerse a interrupciones en condiciones insalubres, ni la posible sanción de cárcel. No obstante, la legislación sí influye en las condiciones y sobre todo en las consecuencias del aborto.
La estrategia de la excepción en caso de violación, si bien es la más pragmática y posiblemente la meta más asequible, no debe ser la única ya que no cuestiona la categorización de la práctica como ilegal o inmoral. Lo cual, puede incluso favorecer dicho estatus pues las excepciones alivian la tensión que genera el problema sin solucionarlo. El movimiento de mujeres en Ecuador debe seguir profundizando en la línea de incomodar las conciencias desenmascarando la verdadera lucha ideológica que hay detrás del aborto, que no es otra que reivindicar la autonomía moral de la mujer y la igualdad de género.
Notas
1 Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres; INEC 2011.
2 La tasa de mortalidad materna (uno de los pocos indicadores para calcular estimaciones sobre el aborto) en Ecuador fue de 105 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos en 2011, según datos de Human Rights Watch.
3 Ecuador es el segundo país latinoamericano con más embarazos adolescentes, de los cuales el 7% son consecuencia de una violación. (ENDEMAIN 2004).
Bibliografía:
Barrientos, V. y Gimeno B., “Nuevas perspectivas en el debate sobre el aborto: el aborto libre como derecho”; versión digital Revista Trasversales, número 15, segunda época, 2009.
Castello Starkoff, P., “Despenalización del aborto y nuevo proyecto constitucional: un tema polémico”, Íconos: revista de ciencias sociales, número 32, 2008, pp.19-23.
CEDAW, “Observaciones finales IIX y IX informe periódico de Ecuador”, ONU, 2015.
Coalición Nacional de Mujeres, Informe sombra, Quito, 2014.
Constitución del Ecuador, Quito, 2008.
FEDDSYDR, Encuesta nacional sobre derechos sexuales y reproductivos; Ecuador, noviembre 2013.
Human Rights Watch, Criminalización de las víctimas de violación sexual: El aborto ilegal luego de una violación en Ecuador; Nueva York, 2013.
INEC, Egresos hospitalarios 2011.
INEC, Encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres. 2011.
OMS, Unsafe abortion: global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008; sexta edición, Ginebra, 2008.
La despenalización del aborto es un derecho y deberia ser universal, crescamos y desmitifiquemos este tema
Que bueno que se este logrando esto
Vamos ecuador, mexiuco esta con ustedes
Buen post, saludos
Se debe aprobar el aborto legal en casos de violacion o que la salud de la mujer este en riesgo
si quieren saber un poco sobre el aborto revisen la web http://www.cytotec.mx/precio-de-cytotec-misoprostol-2019/