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La violencia en Michoacan
La reciente ola de delincuencia organizada que se ha vivido en los últimos meses en Michoacán y en otras regiones de México, han transformado a cada ciudadano en potencial objetivo de los cárteles de la droga. Desde la policía a los periodistas, de las clínicas de salud a las discotecas, de los efectivos militares militares a los jóvenes que salen a las discotecas el viernes social, hasta los pacíficos invitados a fiestas de cumpleaños infantiles, nadie ha estado a salvo. No existen áreas “seguras” ni estratos sociales inmunes ni actividades inmunes. Tal como en la “guerra” contra el terrorismo, las fronteras son porosas, la identificación de los grupos difícil y la separación social entre el criminal y la víctima, casi imposible.
La actividad delictiva y el crimen organizado son complejos en sus manifestaciones y, por ende han producido una extrema confusión con relación a las estrategias de seguridad, en particular sobre la cuestión de la opción por soluciones militarizadas.
Surge, entonces, de manera natural la primera cuestión ¿es narco-insurgencia, narcoterrorismo, o una ola de delincuencia organizada que se está apoderando de Michoacán (México)?
Las posibles respuestas van más allá de un mero debate académico(1). Estas distinciones pueden, a primera vista no parecer importantes, pero grupos insurgentes (autodefensas), organizaciones terroristas (o narcoterroristas) y sindicatos del crimen organizado tienen una serie de características a nivel de su organización y funcionamiento que comparten, pero otras que los individualizan y que, por ende, obligan al diseño de políticas públicas de seguridad diversas, a la implementación de estrategias diferentes y a la aplicación de tácticas sobre el terreno especificas a cada caso.
Los elementos descriptores que comparten estos grupos son: 1) participan en actividades ilegales y con frecuencia acuden a las mismas fuentes, 2) explotan el impacto del uso de la violencia y la amenaza de violencia; 3) practican secuestros, asesinatos y extorsiones, 4) actúan en la clandestinidad, 5) desafían al Estado y las leyes; 6)crean alianzas y vínculos, que obtienen en todos los niveles, incluyendo el político y militar; con la ayuda de actos de corrupción a través de los cúales logran su impunidad, 8) son extremadamente adaptables , abiertos a las innovaciones, y son flexibles ; 9) son amenazas a la seguridad internacional y nacional; 10) tienen una jerarquía operacional con jefes, mandos medios y “soldados”,11) no tienen “sistemas de jubilación” o un proceso de “renuncia”, dejar el grupo puede tener consecuencias mortales para los antiguos miembros que lo intentan .
Pero, existen enormes diferencias entre insurgencia, narcoterrorismo y delincuencia organizada, siendo la más importante el hecho que esta última (la delincuencia organizada) tiene como principal finalidad ,la obtención de beneficios económicos y, por consecuencia dirigen su acción a la comisión de delitos que permiten obtener un lucro y las dos otras formas atacan directamente al estado . O sea, conceptos tales como “insurgencia” y “terrorismo” crean opciones de políticas y opciones estratégicas distintas a las que estarían obligatoriamente presentes en las respuestas a la “criminalidad”. Así, habría que tomar en cuenta que en la mayoría de los casos, los grupos criminales no intentan “secuestrar” el Estado para implementar una agenda social o política, sino que su objetivo ha sido tradicionalmente el de neutralizar el poder del Estado. O sea, los cárteles, regla general no buscan subvertir el estado o derrocarlo. Sí, controlar las rutas de contrabando conocidas como plazas, en un esfuerzo para continuar el tráfico de substancias sin problemas.
La segunda cuestión que tenemos que colocar entonces para realizar un diagnóstico de la situación en Michoacán (México) es: ¿sólo se pretende neutralizar al estado o el estado está “secuestrado?
Habría que aclarar que el actual brote de violencia de los cárteles, no es un fenómeno reciente, sí es una continuación de la violencia de la década de los 90s. Violencia que fue fomentada por las nuevas oportunidades de operaciones ilícitas de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial; acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; por la producción de los nexos político-criminales y por el reforzamiento de la seguridad fronteriza.
Pero existe un elemento atípico en los grupos del crimen organizado en Michoacán y una presencia importante (aún que localizada) de grupos de autodefensas que impiden una lectura de la actual situación en términos exclusivos de “criminalidad”.
En estas condiciones, tal como previamente mencionamos, definir el tipo de violencia organizada (insurgencia; narco insurgencia; narcoterrorismo, o delincuencia organizada) tiene consecuencias profundas y de largo alcance para los responsables políticos encargados de diseñar las estrategias que deben ser implementadas por los que se enfrentan a este tipo de violencia.
Sistemáticamente, los “expertos” y los comentaristas, nos advierten que lo que estamos viviendo no es “terrorismo” ya que todo el mundo sabe (menos nosotros) que los “criminales no tienen ideología, luego no pueden ser “terroristas”. Existe, con efecto un discurso político local reproducido por los medios de comunicación que pretende reducir el fenómeno al mero ámbito de la “criminalidad” .Nos dijeron que no era terrorismo a cuando del horrendo crimen de MTY, con sus 53 víctimas civiles e inocentes quemadas y/o asfixiadas, por un deliberado, frío y calculado acto de incendiarios sicarios (y mal entrenados) al servicio del crimen organizado,que pretendían dejar un claro mensaje a la ciudadanía y al estado, a través de la violencia, del terror y de la amenaza de más violencia y de más terror, nos pareció ser un acto de terrorismo. No lo dijeron a cuando de la escena de la masacre en la alcaldía de Los Reyes (Michoacán México); no lo repiten hoy después de los atentados de la madrugada del domingo contra instalaciones estratégicas de la CFE, que afectaron a casi medio millón de michoacanos.
Tal no es el caso de la interpretación de la situación hecha por la Federación, cuyo diagnóstico sobre Michoacán es mucho más amplio, más realista y que maneja premisas teóricas modernas sobre la complejidad de estos fenómenos, hablando abiertamente (y con valor político) de pérdida de control sobre parcelas del territorio, de estrategias integrales de contrainsurgencia y de contraterrorismo y que está pasando las legislaciones necesarias y las reformas para atacar el financiamiento de las operaciones ilícitas.
Estas reformas son necesarias porque técnicamente, el Código Penal Federal (hoy en revisión) nos ratifica que podemos estar aterrados, vivir con miedo del próximo atentado contra civiles, estar sometidos a nuevos ritmos de vida por el terror que se apoderó de muchas zonas de Michoacán , que el estado sea obligado a desplegar millares de efectivos en diversas partes del país y del Estado, pero que literalmente y jurídicamente no podemos hablar de terrorismo.
Con efecto, en su artículo 139, el Código Penal Federal parece darles la razón a todos aquellos que nos niegan la posibilidad de hablar y de usar los términos de “terrorismo”, de “narcoterrorismo”y de “narcoinsurgencia” ya que define que si el Estado no es directamente atacado, tales actos no pueden ser descritos como terrorismo.
Tercera cuestión: ¿Pero, cuándo vamos a considerar que el Estado ha sido atacado directamente?
¿Cuándo los cuerpos de seguridad del Estado son sistemáticamente emboscados? ¿Cuándo las alcaldías son atacadas y presidentes municipales electos democráticamente no pueden despachar desde sus presidencias municipales? ¿cuándo altos mandos militares son asesinados cobardemente en carreteras secundarias? O, ¿cuándo instalaciones estratégicas de la CFE sufren ataques coordinadas? Porque todas estas acciones ya las hemos vivido y, no pienso que sea necesario identificar una “ideología” política por detrás de la acción de los grupos delictivos para afirmar que existe una estrategia de ataque directo al Estado.
Entiendo que exista confusión sobre la definición de terrorismo: Schmid y de Jongman en 1988, encontraron 109 definiciones posibles de “acto terrorista”. Walter Laqueur (2) también contó más de 100 definiciones de terrorismo y un total de 22 diferentes elementos definitorios posibles, para concluir humildemente que: ‘the only general characteristic generally agreed upon is that terrorism involves violence and the threat of violence.’. La Asamblea General de las Naciones Unidas también no ha podido aterrizar en una formulación definitiva de lo que debe ser considerado como “acto terrorista” y sancionado internacionalmente como tal , optando por una vaga referencia a las “muertes de civiles”, después de años de fuertes debates entre los países occidentales y los representantes de países no occidentales. Es entendible esta dificultad de un consenso sobre una definición alargada de “terrorismo”, dificultad que va más allá de la semántica ya que lo que es un “terrorista” para unos es un “freedom fighter” para otros.
Esta confusión se extiende a la academia. En la Universidad de Leiden (Holanda) , en el cuadro del Seminario “Terrorismo y Contraterrorismo: Comparando la Teoría y la Práctica” desde algunos años se está debatiendo sobre la naturaleza de este fenómeno y de sus diversas fases históricas.
El problema es que la mayor parte de los análisis no observan el carácter dinámico y evolutivo del terrorismo. Para tal, no usan adecuadamente la periodización de David Rappoport (3) y la identificación de por lo menos cuatro grandes olas previas, con diferentes descriptores y el hecho de que estamos entrando en un quinto período. Un período difuso (fuzzy) en que, precisamente las ideologías no son, no serán, como en las cuatro anteriores olas el factor predominante.
Cuarta Cuestión: ¿Que nos resta entonces para trabajar y avanzar en una definición generalizada y aceptable?
Primero , ese elemento clásico de las cuatro olas anteriores del uso de la violencia y de la amenaza generalizada del uso de la violencia, a lo que debemos sumar hoy en día (segundo punto) el uso de herramientas financieras y estrategias de comunicación innovadoras propiciadas por la globalización y por los medios de comunicación electrónicos, para imponer una agenda, un curso de eventos o la toma de decisiones contrarias al interés común y a la seguridad nacional. Esta conjunción de elementos y panoplia de instrumentos puede ser ejercida por individuos, por grupos de activistas o bien, como en el presente caso, por la delincuencia organizada.
Es precisamente el conocimiento de este nuevo paradigma típico de la quinta ola a que llamaremos de “terrorismo difuso” (fuzzy) que ha llevado al gobierno federal a implementar las medidas de control biométrico a lo largo de la frontera sur, por ejemplo, y a pasar legislación específica contra las operaciones financieras ilegales, tales como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Finalmente, la cuestión de las estrategias
Cabe mencionar que esta estrategia de ataque a la financiación de los grupos delictivos, del narcoterrorismo y del terrorismo internacional no puede funcionar de forma aislada, tiene que ir a la par de operaciones de carácter militar, de políticas de mediación comunitaria y de pacificación social, de políticas culturales, de políticas económicas para creación de fuentes alternativas de ingresos y bienestar.
Sólo encuadradas de forma transversal podremos tener resultados. Pero no inmediatos. Debido a que un grupo de la delincuencia organizada es una entidad con fines de lucro, los gobiernos que han ejecutado estrategias de largo plazo orientadas a las finanzas de los carteles han tenido un éxito relativo. Sin embargo, existen elementos de transformación de los grupos del crimen organizado en Michoacán que permiten identificar su pasaje a grupos “narcoterroristas” a lo que se suman los grupos de autodefensa que presentan características similares a brotes de insurgencia. Estas condiciones específicas sobre el terreno obligan a repensar los alcances de una estrategia ideada en el sexenio anterior sólo para enfrentar a la “criminalidad”. Sí bien muchos grupos del crimen organizado podrían haber sido ya derrotados por estrangulación financiera, es casi imposible que un insurgente (autodefensas) o terrorista (o narcoterrorista) pueda ser derrotado por el desmantelamiento de sus redes financieras. Insurgentes y organizaciones terroristas pueden apoyar sus luchas armadas por otras vías en un increíble número de maneras. Por ejemplo, los estados pueden patrocinarlos tal como lo que pueden hacer asociaciones civiles y/o de caridad, comunidades simpatizantes, e incluso otros grupos armados.
A esta compleja situación se suma el aumento del poder de fuego de los grupos sobre el terreno. Muchas de las armas que se enfrentan las autoridades mexicanas son equivalente a la encontrada por los soldados estadounidenses en Irak y Afganistán, para incluir dispositivos explosivos improvisados, lo que agrava los problemas de seguridad y a su vez impone al Estado el uso de más efectivos, de más potencia de fuego y de mayor penetración de los servicios de inteligencia.
Si quedamos sólo en las “incursiones” continuamos con el circulo vicioso que ha llevado nuestro querido Estado al borde del abismo. Aunque doctrinalmente las operaciones de contrainsurgencia , definidas como (2) “…las acciones militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas o civiles llevadas a cabo por un gobierno para acabar con la insurgencia”se enmarcan dentro de las labores de estabilización, la frontera entre ambas actividades es cada vez más difusa; tanto que podríamos afirmar que hoy en día cualquier acción de contrainsurgencia debe obedecer a cuatro principios básicos: 1.- Primacia del poder civil; 2.- Empleo mínimo de la fuerza;3.- Necesidad de una acción firme en el momento oportuno;4.- Necesidad de cooperación entre los elementos civiles y militares.
Una realidad que continúa obviándose hoy en día en todos los escenarios de conflicto, y que es esencial aceptar y entender para logar el éxito de la operación es que si la insurgencia es la lucha por la legitimidad de la población, parece lógico pensar que la mejor estrategia para combatir la insurgencia sea precisamente obtener la legitimidad de la población. De hecho, el enfoque de “corazones y mentes” se centra precisamente en esto pero falla en un aspecto vital: supone que se puede dotar de legitimidad a unas fuerzas que son vistas por la población como “ocupantes” o como “careciendo de la confianza” de las poblaciones.
Si tomamos el ejemplo de otros continentes, de otros teatros de conflicto y de otras operaciones de pacificación, observamos que en las misiones integradas (por ejemplo en Afganistán) existe una parte de la fuerza encargada de generar legitimidad de cara a la población: las unidades de cooperación civil-militar (CIMIC), junto con las unidades de operaciones psicológicas (PSYOPS) de operaciones psicológicas y los responsables de prensa y comunicación. Estas unidades, hoy por hoy no existen en Tierra Caliente, pero podrían ser establecidas a partir de los núcleos ya establecidos de las policías comunitarias en las zonas con fuerte componente indígena. O sea, sugiero que en vez de colocar el enfoque sobre el “desarme de las poblaciones”, postura en que imperativamente se colocan a las poblaciones y al Ejército en una trayectoria de “choque de trenes”se canalicen estas acciones internas a las comunidades para integración de unidades de cooperación civil-militar, creando una percepción de legitimidad real, más fuerte que la legitimidad legal inherente a la propia naturaleza constitucional del Ejército, y consolidando un proceso en tres etapas operativas: recuperación de control territorial, eliminación de fuerzas hostiles, pacificación social; que pueda ser firme, duradero y veraz.
Probablemente mis comentarios incomodarán, en particular por el uso de terminología relacionada con la insurgencia y la contrainsurgencia, con terrorismo y narcoterrorismo, pero los nuevos retos requieren nuevas e imaginativas respuestas, y para acometer la estabilización de territorios, la reconstrucción de la sociedad civil y la reinstalación del orden constitucional en las diversas regiones de Michoacán, necesitamos de otros instrumentos que complementen y mejoren los actualmente existentes.
Las poblaciones de Michoacán , todos nosotros, tenemos un inmenso orgullo y la máxima confianza en el ejército y en la capacidad de sus altos mandos. Pero cualquier ejército, en cual quier parte del mundo necesita de saber con exactitud cual es el paradigma estratégico bajo el cual tiene que desarrollar las misiones que le son confiadas. De la misma manera, la sociedad civil necesita saber con exactitud cúal es ese paradigma, tanto más cuando de por medio se encuentran centenas de miles de ciudadanos mexicanos (y michoacanos), los “olvidados”(5) de Tierra Caliente que no pueden ser tratados ni como “hostiles” ni su seguridad ser minimizada bajo el potencial riesgo de “daños colaterales”.
(1) Ver Martha Crenshaw , “The Debate over “New” vs. “Old” Terrorism,· Center for International Security and Cooperation Stanford University, 2007
(2) Ver Walter Laqueur, “The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction”, New York: Oxford University Press, 1999
(3) David Rapoport , “The Four Waves of Modern Terrorism,” in Audrey Kurth Cronin and James M. Ludes, eds., Attacking Terrorism: Elements of a Grand Strategy ,Washington: Georgetown University Press, 2004
(4) Ejército de Tierra estadounidense, en su FM 100-20 Military Operations in Low Intensity Conflict (p. 4-2), amplia esta definición al afirmar que: “…an Insurgency is an organized, armed political struggle whose goal may be the seizure of power through revolutionary takeover and replacement of the existing government. In some cases, however, an insurgency’s goals may be more limited. For example, the insurgency may intend to break away from government control and establish an autonomous state within traditional ethnic or religious territorial bounds. The insurgency may also only intend to extract limited political concessions unattainable through less violent means.”
(5) Referencia directa al título de la película de Luis Buñuel “Los Olvidados”
